Si el Gobierno quiere beneficiarse con mayores recursos fiscales y de paso sustituir importaciones, tiene que aceptar que el costo a pagar es el de una creciente tasa de inflación, porque su superávit fiscal no le alcanza para comprar los dólares excedentes del balance comercial.
La política cambiaria del gobierno tiene el costo de una constante inflación que inevitablemente están pagando los sectores de ingresos fijos, quienes están reclamando incrementos de salarios para recuperar la pérdida del salario real. Así, estamos llegando a una lucha entre sectores para ver quien se hace cargo del costo del tipo de cambio alto. Si los empresarios con menores utilidades o los asalariados con menores ingresos reales. Los empresarios no quieren asumir el costo del impuesto inflacionario, las asalariados tampoco y el Gobierno pretende seguir mejorando sus ingresos sin verse claramente para qué dado que, dicho sea de paso, los bienes públicos que está ofreciendo distan mucho de alcanzar una mínima calidad aceptable.
Lo que sí se observa es que el impuesto inflacionario le permite al presidente inaugurar obras públicas permanentemente en este año electoral. Basta con ver el incremento que está teniendo este rubro en el gasto público, para advertir que semejante despliegue tiene un costo: el de volver a los viejos debates del pasado, sobre el cual se dice permanentemente no querer volver.
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